Con una carta pastoral difundida el 29 de mayo, la Conferencia Episcopal del Salvador (CEDES) hizo un llamamiento al Gobierno del presidente Nayib Bukele para evitar la detención en las cárceles salvadoreñas de cientos de migrantes expulsados. «Pedimos a nuestro líder –escriben los obispos– que no promuevan este país como si fuera una cárcel internacional».
«Estas personas no son criminales –escriben los obispos–. Son hermanos y hermanas que huyen de situaciones difíciles en busca de una vida digna. Como país, no podemos contribuir a las políticas de exclusión y represión de las grandes potencias. Nuestra misión es acoger, no ser cómplices».
Estas declaraciones hacen referencia al acuerdo firmado en febrero entre Washington y San Salvador que prevé el traslado forzado a El Salvador de migrantes irregulares –en gran parte venezolanos– retenidos en EEUU por presuntas violaciones asociadas a la inmigración. En pocos meses, ya han llegado al país más de 200 deportados. Aunque la mayoría no tienen antecedentes penales, han sido igualmente internados en la cárcel de máxima seguridad CECOT (Centro de Confinamiento contra el Terrorismo).
A pesar de que los migrantes sean descritos como sujetos peligrosos, una investigación de la redacción independiente ProPublica, publicada el 30 de mayo, desmiente esta narración: solo seis de los venezolanos deportados están condenados por crímenes violentos. Los demás son personas con el certificado de penales limpio, que buscaban oportunidades mejores huyendo de la pobreza, la violencia y la inestabilidad política.
El problema, según el episcopado, es que El Salvador vive desde hace más de dos años bajo estado de emergencia, una medida extraordinaria que ha suspendido varias garantías constitucionales y ha normalizado los arrestos arbitrarios y los procesos sumarios. En este contexto, los migrantes son tratados no como solicitantes de asilo, sino como sospechosos a los que hay que neutralizar.
Con este llamamiento, la Iglesia salvadoreña se posiciona públicamente contra la creciente militarización del control migratorio y contra la idea de que América Central se convierta en una zona de contención. Es un toque de alerta a la responsabilidad moral en un contexto en el que la seguridad parece haber ocupado el lugar de la justicia.
